La gente y sus luchas

"Nuestros sistemas de pensiones privados en el norte están destruyendo el futuro de las personas en otras partes del mundo".

Las comunidades rurales e indígenas de la región de MATOPIBA (un área de alrededor de 73 millones de hectáreas que se expanden a través de los estados brasileños de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía), en el noreste de Brasil, se resisten a los avances de la agroindustria y la especulación de tierras, que provocando la destrucción de sus medios de vida y la erosión de la biodiversidad local.

Lo que está sucediendo en MATOPIBA ilustra cómo la tierra se ha transformado en un activo financiero como resultado del creciente poder e influencia del sector financiero global y sus acciones, a través de un proceso llamado "financialización". El capital internacional ha financiado la producción agroindustrial en Brasil y en otros lugares durante mucho tiempo, pero desde la crisis financiera de 2007/08, la tierra se ha convertido en un blanco atractivo para los actores financieros así como un lucrativo negocio por derecho propio, independiente del de la financiación de la producción agroindustrial o del comercio de productos básicos. Estas llamadas “inversiones” son especulativas porque apuntan a aumentar el valor de las carteras de las empresas a través del aumento de los precios de la tierra. Esta nueva forma de acaparamiento de tierras ha exacerbado la intensidad, la escala, la velocidad, la complejidad y los impactos estructurales en la población local.

Como resultado, la violencia contra los líderes comunitarios está en aumento, al igual que las disputas sobre el agua. Los acaparadores de tierras que operan locales están respaldados por dinero proveniente del extranjero, en particular de los fondos de pensiones en los Estados Unidos y Europa. Estos, están vertiendo cientos de millones de dólares en el negocio de la tierra. A través de dos fondos locales, TIAA (EE. UU.), Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (Alemania), ABP (Países Bajos) y el Segundo Fondo Nacional de Pensiones de Suecia (AP2), entre otros, poseen casi 300,000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil.

Tanto Brasil como los estados de origen de los fondos involucrados están incumpliendo sus obligaciones de derechos humanos al no establecer una regulación efectiva y responsabilizar a los actores de los abusos y delitos, así como al respaldar un sistema financiero global que escapa a los impuestos, el escrutinio público y la regulación. A ambos lados del Atlántico diferentes organizaciones y comunidades se movilizan para detener esta creciente tendencia.