El mundo necesita urgentemente una nueva estrategia global de seguridad alimentaria, basada en el derecho a la alimentación.
El mundo aún se tambaleaba por el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre el derecho a la alimentación y la nutrición cuando la subida de los precios de los alimentos alcanzó nuevos récords en 2022.
En lugar de acercarnos a lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de hambre cero para 2030, nos enfrentamos a crisis alimentarias recurrentes, estrechamente entrelazadas con el colapso climático, la guerra y la proliferación de conflictos, emergencias de salud pública y niveles de desigualdad cada vez mayores.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación prevé que el número de personas desnutridas podría aumentar en unos 7,6 millones en un escenario moderado, o en 13,1 millones de personas en un escenario de crisis grave para 2023, sumándose a los 811 millones que ya padecían hambre en 2020.
FIAN aboga por que la ONU revise su enfoque de la seguridad alimentaria, basado en el comercio mundial. Las cadenas de valor alimentarias mundiales son extremadamente vulnerables a las crisis. La dependencia de las importaciones de alimentos hace que los países y las personas pobres sean más vulnerables y menos resistentes. También hay una necesidad urgente de políticas globales que aborden las reglas injustas del comercio y la deuda.
El mundo necesita urgentemente una nueva estrategia global de seguridad alimentaria, basada en el derecho a la alimentación y en los principios de derechos humanos de dignidad, autosuficiencia y solidaridad. Esto significa alejarse de los sistemas alimentarios industriales basados en los combustibles fósiles y de los mercados desregulados, poner freno a la especulación financiera que repercute en los precios de los alimentos, crear reservas de alimentos a múltiples niveles y dar prioridad a los alimentos producidos localmente por productores agroecológicos a pequeña escala.