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Un tratado vinculante de las Naciones Unidas que obligue a las empresas a rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos ayudaría a desmantelar la actual arquitectura de impunidad.

Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han impulsado con fuerza la introducción de un instrumento internacional vinculante de derechos humanos que regule las actividades de empresas transnacionales (ETN). Llevan mucho tiempo denunciando abusos de derechos humanos que estas cometen, como el acaparamiento de tierras, la contaminación de los recursos naturales y condiciones laborales de explotación, además de poner de relieve la falta de mecanismos vinculantes significativos que proporcionen acceso a la justicia. Los feminismos también han reforzado el movimiento y han abordado, entre otras cosas, las repercusiones negativas específicas de las operaciones empresariales sobre niñas y mujeres, además de otras cuestiones relacionadas con el género.

Debido a su considerable poder económico y a sus complejas estructuras transnacionales, estas empresas pueden evadirse de rendir cuentas ante la justiciar de los países donde operan. Es esta impunidad la que llevó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear en 2014 un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un tratado sobre las ETN, otras empresas comerciales y los derechos humanos. Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil han participado activamente en este proceso y siguen abogando por un tratado vinculante fuerte con el filo suficiente como para hacer que las corporaciones y empresas rindan cuentas.

Un cuarto borrador revisado del tratado servirá de base para las nuevas negociaciones que comenzarán en octubre de 2023.

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