El tratado sobre semillas ha de poner freno al control empresarial sobre las semillas
En el encuentro del Tratado Internacional sobre semillas que tendrá lugar este mes en India, los gobiernos discutirán cómo pequeños/as agricultores/as, comunidades campesinas y pueblos indígenas podrán utilizar y gestionar sus propias semillas. Las organizaciones de comunidades campesinas e indígenas se están movilizando en un intento por hacer valer sus derechos y luchar contra las leyes que amenazan sus medios de subsistencia y benefician a las corporaciones de la industria agrícola.
¿Por qué deberíamos preocuparnos por las semillas?
Quién controla las semillas en el mundo nunca ha sido tan importante como lo es ahora. Contar con semillas resistentes resulta indispensable para la seguridad alimentaria y para la adaptación al cambio climático. Las empresas transnacionales de la industria agrícola están haciendo grandes esfuerzos para consolidar su control sobre el mercado internacional de semillas, a través de medidas de presión para que se aprueben leyes que criminalicen las prácticas de semillas de las comunidades y expandir así su control sobre las semillas.
“Puesto que las semillas son un elemento fundamental de la cultura de los pueblos y para los sistemas alimentarios, controlar las semillas significa controlar la vida”, ha dicho Michael Fakhir, relator especial por el derecho a la alimentación, en su último informe para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tan solo cuatro compañías agroquímicas – Bayer-Monsanto, DowDuPont/Corteva, ChemChina-Syngenta y BASF – controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas, con un valor estimado en 1 billón de dólares en la próxima década. Las patentes y otras leyes de propiedad intelectual han contribuido masivamente a este dominio. Saben que quien controle las semillas tiene el control sobre la alimentación. Así, estas compañías se hacen con las semillas de las comunidades del hemisferio sur y se las venden de nuevo sirviéndose de patentes y nuevas leyes de “protección de variedades vegetales” con las que criminalizan a las comunidades campesinas por cultivar sus semillas tal y como han hecho durante siglos.
Los gobiernos han estado discutiendo este problema durante años sin haber llegado a ningún acuerdo. Ahora tienen la oportunidad de moverse en la dirección correcta en el importante encuentro del Tratado Internacional sobre semillas (TRFAA) que tendrá lugar en Delhi del 19 al 24 de septiembre.
¿Qué es el tratado sobre semillas?
El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TRFAA), también llamado Tratado internacional sobre semillas, establece una reglamentación para el uso de las semillas y el material genético de las plantas.
Se trata del único acuerdo internacional vinculante que reconoce los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas sobre las semillas que ellas mismas han seleccionado de sus campos de cultivo y han sido pasadas de generación en generación. Asimismo, el acuerdo reconoce el derecho de las comunidades campesinas a guardar, usar, intercambiar y vender las semillas conservadas en granja y obliga a los estados a protegerlas y promoverlas.
El tratado explica que estos derechos se basan en la contribución pasada, presente y futura de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas para la conservación de la biodiversidad. En 2001, el tratado fue aprobado tras décadas de presión ejercida por grupos activistas de los derechos campesinos, en lucha contra las reglas y leyes que entregan el control de las semillas a las corporaciones agroindustriales. 149 países han firmado el acuerdo hasta el momento.
A lo largo de miles de años, las comunidades campesinas e indígenas han cultivado, seleccionado y guardado cuidadosamente, cada temporada, las semillas de las plantas más resistentes, de mayor rendimiento, nutritivas y sabrosas. Asimismo, han almacenado, intercambiado o vendido estas semillas dentro de sus propias comunidades, con el fin de ser cultivadas de nuevo durante la siguiente temporada. Esta replantación resulta imposible con las semillas comerciales que obligan a ser compradas cada año y, a menudo, requieren del uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas.
¿Para qué sirve?
El hecho de que el Tratado garantice los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas sobre sus semillas supone un hito fundamental en sus luchas. En todo el mundo, diferentes organizaciones están promoviendo la incidencia política para que sus gobiernos atiendan los derechos campesinos en sus marcos legales nacionales. Sin la existencia de buenas leyes que las protejan, las comunidades campesinas e indígenas pueden ser fácilmente criminalizadas por ejercer sus prácticas de gestión de las semillas.
Sin embargo, el Tratado es también objetivo de la industria de las semillas, que pretende socavar la implementación de los derechos campesinos a través de regímenes como la UPOV – una organización y convención internacional para nuevas variedades de plantas – que introduce leyes que limitan qué pueden y no pueden hacer las comunidades campesinas con sus semillas. Así, la organización busca garantizar que se prioricen sus propios intereses comerciales. Una manera en la que el organismo hace esto es logrando que los gobiernos interpreten el tratado en un modo que coloque los derechos de propiedad intelectual, incluyendo las patentes, por encima de los derechos campesinos.
La reciente presión ejercida por las organizaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas ha obligado al cuerpo de gobierno del Tratado a reconocer que los derechos campesinos no están siendo suficientemente implementados. No obstante, ahora son necesarias acciones concretas que hagan algo al respecto.
Los derechos de las comunidades campesinas e indígenas sobre las semillas son derechos humanos, al contrario de lo que sucede con los derechos comerciales que reclama la industria. Sus sistemas de semillas son fundamentalmente diferentes de los sistemas comerciales y han de estar protegidos por leyes específicas.
¿Qué está ahora en juego?
Entre el 19 y el 24 de septiembre de 2022, los gobiernos habrán de tomar una serie de importantes decisiones en la reunión del cuerpo de gobierno del Tratado, que tiene lugar cada dos años. Dos puntos son de especial relevancia:
- Derechos campesinos: los gobiernos abordarán la relación entre los derechos campesinos y los derechos de propiedad intelectual (DPI). Mientras la industria de las semillas, la UPOV y los gobiernos que los apoyan se salgan con la suya, los países podrán limitar los derechos campesinos con DPI como las patentes o con leyes UPOV basadas en la protección de variedades vegetales (PVP por sus siglas en inglés). Esto podría tener graves implicaciones para las comunidades campesinas e indígenas de todo el mundo. Asimismo, esto podría pavimentar el camino para un aumento del acaparamiento de tierras y de la criminalización contra las comunidades campesinas.
- Información digital de secuencias (DSI por sus siglas en inglés): la secuenciación de información genética y su almacenamiento en formato digital es una importante amenaza para los derechos de las comunidades campesinas e indígenas sobre las semillas. La secuenciación digital abre la puerta a una nueva ola de acaparamiento de semillas y biopiratería. Si se secuencian y ponen a disposición la información de todas las semillas, la industria de las semillas puede acceder a ella libremente, patentar las secuencias que codifican rasgos favorables (como la resistencia a la sequía) y usarla para el desarrollo de nuevas plantas a través de biotecnología. A partir de esto se podría obligar a las comunidades campesinas e indígenas a pagar regalías por el uso de sus propias semillas que contengan la secuencia genética patentada.
¿Qué piden las organizaciones de comunidades campesinas e indígenas?
Las organizaciones de comunidades campesinas e indígenas representadas en el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) se están movilizando para garantizar que el cuerpo de gobierno tome decisiones que respeten, protejan y garanticen sus derechos. Algunas de las principales demandas son:
- El reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas sobre las semillas (“derechos campesinos”) a través de su propio y distintivo sistema de semillas – en comparación con las semillas comerciales – así como de la necesidad de proteger estos derechos a través de marcos legales nacionales específicos.
- Clarificar que los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas sobre las semillas son derechos humanos y que los derechos campesinos no pueden ser objeto del derecho de propiedad intelectual, incluyendo la UPOV.
- Evitar que el tratado se convierta en un instrumento para la piratería industrial de las semillas a través de la DSI.
- Recomendar a los gobiernos la prohibición de las patentes de secuencias genéticas de las semillas.
¿Qué podemos hacer?
Los gobiernos nacionales decidirán el futuro de las semillas. Puedes dar tu apoyo a los pequeños/as agricultores/as, campesinos/as y pueblos indígenas pidiendo a tu gobierno que defienda sus derechos, en lugar de enriquecer y consolidar el poder de las corporaciones de la agroindustria:
- Comparte esta información en las redes sociales
- Escribe a tu punto focal nacional para el TRFAA
