El Tratado sobre semillas ha de garantizar el derecho de campesinos y pueblos indígenas a estas semillas

Los gobiernos que atenderán a la reunión del órgano de gobierno del Tratado en Nueva Delhi del 19 al 24 de septiembre deberán tomar importantes decisiones que conllevarán profundas implicaciones sobre los derechos de las comunidades campesinas e indígenas en lo que respecta al libre cultivo y cuidado de sus propias semillas. Durante la reunión se discutirá la relación entre los derechos de las comunidades campesinas y los derechos de propiedad intelectual, además de la polémica cuestión de la Información de Secuencias Digitales (DSI por sus siglas en inglés). En un documento de base publicado hoy, FIAN Internacional hace un llamado a los estados en el que urge la protección de los derechos de la comunidades campesinas, agricultores e indígenas.

“Si el lobby de la industria tiene éxito, resulta posible que el órgano de gobierno del Tratado opte por medidas que legitimizan la limitación de los derechos campesinos a través de regímenes de propiedad intelectual como patentes y leyes de protección de variedades vegetales basadas en la UPOV, que promueve y protege las semillas comerciales en detrimento del resto de semillas”, ha afirmado el autor del documento Philip Seufert.

“Esto tendrá importantes implicaciones para las comunidades campesinas e indígenas de todo el mundo, allanando el camino para el acaparamiento de tierras y la criminalización de estas comunidades por sus centenarias prácticas de gestión de las semillas“.

La cuestión de las semillas nunca ha sido tan relevante como en estos momentos, teniendo en consideración la importancia de las semillas para garantizar el derecho a la alimentación y a la nutrición y a la soberanía alimentaria frente a la crisis climática. Las empresas transnacionales agroindustriales están haciendo un gran esfuerzo para consolidar su control sobre el mercado internacional de semillas. Así, el poder corporativo ejerce presión continua para que se aprueben leyes que criminalicen las prácticas de protección de las semillas campesinas y para promover la expansión del alcance de las cadenas de alimentación industrial a través del control sobre las semillas.

Sólo las empresas agroquímicas – Bayer-Monsanto, DowDuPont/Corteva, ChemChina-Syngenta y BASF – controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas. Los regímenes de propiedad intelectual han contribuido masivamente a cimentar su dominio sobre nuestros sistemas de alimentación.

La DSI (Información de Secuencias Digitales) y su almacenamiento en formato digital supone una gran amenaza para los derechos sobre las semillas de las comunidades campesinas e indígenas. Al mismo tiempo, esta práctica abre el camino para una nueva ola de acaparamiento de semillas y biopiratería. Si se lleva a cabo la secuenciación de todas las semillas en el mundo y estos datos son de acceso público, la industria de las semillas podrá acceder a estos y patentar las secuencias que codifican los rasgos deseables, como la resistencia frente a la sequía, y servirse de ellos para el desarrollo de nuevas plantas mediante la biotecnología.

Sin una legislación que regule esta tecnología, las existentes garantías que protegen los derechos de las comunidades campesinas e indígenas sobre las semillas corren el riesgo de ser sorteadas y obligar a estas personas a pagar derechos por el uso de cualquier semilla que contenga una secuencia patentada o exprese su función.

A lo largo de los últimos años, los gobiernos han estado abordando este asunto sin llegar a ningún acuerdo. En junio de 2022, el órgano de gobierno del Tratado anunció un preocupante nuevo acuerdo con DivSeek, una organización que promueve el uso de secuencias digitales.

“Los gobiernos tendrán que decidir si están comprometidos con los derechos campesinos o si aceptan que el Tratado sobre Semillas se convierta en un instrumento para la expansión del control corporativo sobre las semillas”, ha añadido Philip Seufert.

FIAN internacional urge al órgano de gobierno del Tratado que se tomen decisiones que respeten, protejan y garanticen los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, notablemente en lo que respecta a:

• Reconocer que los derechos de las comunidades campesinas e indígenas sobre las semillas (derechos campesinos) pasan, primeramente, por su propio y distintivo sistema de semillas y que necesitan estar protegidos por un marco legal nacional específico.
• Clarificar que los derechos de las comunidades campesinas e indígenas sobre las semillas son derechos humanos y rechazar cualquier decisión que implique (explícita o implícitamente) que los derechos campesinos están sujetos a los derechos de propiedad intelectual, incluída la UPOV.
• Evitar que el Tratado se convierta en un instrumento de piratería de semillas para la industria a través de la DSI.
• Establecer claramente que la DSI no está separada de los recursos materiales/semillas de las que deriva y ha de ser tratado como recurso genético. Esta decisión requiere que tanto la industria como los investigadores respeten las reglas de acceso a las semillas recogidas en el sistema multilateral del Tratado, incluyendo el respeto a los derechos campesinos.

• Modificar el Acuerdo normalizado de transferencia de materia (ANTM) para acceder a las semillas bajo el sistema multilateral del Tratado de tal modo que la industria de las semillas no pueda patentar las secuencias negéticas a las que tiene acceso a través de este sistema.

• Revocar el acuerdo TRFAA con DivSeek.

• Recomendar la prohibición de las patentes de secuencia genética por parte de los gobiernos.

Para más información, por favor, contactar con Philip Seufert: seufert@fian.org

Leer el documento de base ?Derechos Campesinos o Control de las Empresas sobre las Semillas?