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Transformar los sistemas de alimentación para vencer la crisis

El Día Internacional de la lucha campesina nos recuerda lo importante que es la manera en la que decidamos manejar esta crisis.

El Día Internacional de la Lucha Campesina llega para recordarnos que la forma en la que esta crisis sea manejada sí es importante. La elección de un camino u otro puede suponer aumentar las desigualdades y la exclusión o incluso impedir que esta inminente crisis alimentaria sea encarada satisfactoriamente. Pero por encima de todo, este día nos recuerda que un futuro diferente es posible, uno en el que no se trata únicamente de sostenibilidad y sistemas de alimentación transformativos que ayudan a erradicar el hambre y la malnutrición, un futuro que también mete en valor y protege a las personas que alimentan el mundo.

Según refleja el Informe de monitoreo preliminar sobre el impacto del COVID-19 en el Derecho Humano a la Alimentación y a la Nutrición lanzado por FIAN Internacional, las medidas actuales aplicadas tienen un impacto muy diferente en los grupos marginados y discriminados de la sociedad, según su estatus socio económico, si residen en zonas rurales o urbanas, según género o región. Los productores y productoras a pequeña escala y sus comunidades, a pesar de jugar un papel imprescindible al permitir la subsistencia de territorios, comunidades y países enteros, se encuentran entre las personas más afectadas por las medidas que han sido puestas en marcha para frenar la expansión del virus.
En lugar de ser una ayuda en la lucha contra la inminente crisis alimentaria, estas medidas nos están llevando en la dirección opuesta.

El devastador impacto de las actuales medidas

Las medidas de confinamiento y la declaración de estado de emergencia en diferentes partes del mundo han tenido como consecuencia un devastador impacto en la producción y en el acceso de las personas a una alimentación adecuada.  Un ejemplo de esto es el cierre de los mercados campesinos y las trabas puestas a la producción y recolecta de alimentos. En algunos lugares, los trabajadores y trabajadoras temporeros de la agricultura, a menudo migrantes, y los vendedores de alimentos han perdido su principal fuente de ingresos como consecuencia de las restricciones de movilidad y los controles fronterizos.

De la misma manera, a las personas que viven del ganado, del pastoreo y de la pesca no se les está permitiendo hacer llegar sus productos a los consumidores. Al mismo tiempo, en otras regiones, los trabajadores y trabajadoras de la agricultura desempeñan su labor en unas condiciones laborales de precariedad que van desde largas jornadas laborales que han sido ampliadas, hasta la total falta de medidas de seguridad. Las organizaciones están denunciando la inexistencia de una acción internacional adecuadamente coordinada entre los estados y las instituciones internacionales interestatales para permitir que el abastecimiento internacional de alimentos siga circulando entre las fronteras durante la crisis del COVID-19. Los estantes vacíos de los supermercados y de las tiendas de alimentos nos muestran la consecuencia directa de haber vivido durante los últimos tiempos supeditados a las cadenas de alimentos globales y haber dejando de lado y subestimando el poder de los sistemas de alimentación locales – aquellos que respetan el medioambiente.

Se necesita un “cambio de rumbo”
Parafraseando a Einstein, “no podemos resolver un problema pensando de la misma manera que cuando lo creamos”. Ha llegado el momento, más que nunca, de que los gobernantes se den cuenta de que es necesario valorar como se merecen el papel de los campesinos, campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, y fundamentalmente el de las mujeres rurales. Como principales proveedores de alimentos de la población del mundo entero, que a su vez protegen la biodiversidad, los estados han de proteger y garantizar los derechos humanos de este sector de la población, tal y como recoge la legislación de derechos humanos nacional e internacional, entre las que se encuentra la Declaración de la ONU de Derechos Humanos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, así como las iniciativas respaldadas por la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como se ha hecho con el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028.

Las comunidades campesinas han de ser capaces de producir y proveer alimentos saludables para los cientos de miles de comunidades a las que alimentan, durante el COVID-19 y después. Para que esto sea posible, los gobiernos han de poner en marcha medidas económicas apropiadas como subsidios y reducción de tasas para los productores a pequeña escala, además de apoyar los enfoques transformativos que nacen del conocimiento y experiencia de estas comunidades.
Una forma adecuada de salir de esta crisis incluiría la aplicación, por parte de los estados, de medidas que vayan en dirección a sistemas de alimentación que apoyen una sociedad más justa, la salud de las personas y los ecosistemas. La supervivencia a largo lazo del mundo rural contra los desastres naturales y otras graves perturbaciones depende de medidas que lo fortalezcan apoyando la producción agroecológica, promoviendo circuitos y cadenas de suministros locales y de corta distancia y dando prioridad a los mercados de alimentos, tiendas de suministros locales y vendedores ambulantes.

La pregunta es fácil: si queremos acabar con esta crisis y el inminente desastre alimentario, es imprescindible que los gobiernos protejan y valoren a los campesinos/as, y apoyen la necesaria transformación de nuestros sistemas de alimentación.

Para cuestiones relacionadas con los medios, por favor, contacta con delrey@fian.org

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