Porqué la virtualización puede ser discriminatoria y cómo evitarlo
¿Es posible llevar a cabo discusiones significativas para diseñar mecanismos de protección de los derechos humanos si muchas de las comunidades que más sufren la violación de sus derechos no pueden participar?
La pandemia del COVID-19 y las medidas para contenerlo han alterado el modo en el que nos relacionamos, y del mismo modo han afectado a la forma en la que se lleva a cabo el trabajo de derechos humanos, o al menos por el momento. Las discusiones de los fundamentales organismos e instituciones internacionales de derechos humanos continúan con sus labores a través de la red. Esto es una buena noticia, ya que el trabajo de derechos humanos no debería frenarse y menos aún en momentos de crisis inminente como el que vivimos, pero al mismo las discusiones están limitadas al mundo virtual, dificultando el derecho de participación de la sociedad civil.
¿Por qué puede ser discriminatorio que las sesiones informales y ordinarias se realicen de manera virtual?
Tal y como han subrayado 77 organizaciones a través de una carta dirigida a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en muchas comunidades y regiones del mundo, las personas sencillamente no tienen acceso a internet. Algunas pueden conseguir conectarse a la red fuera de sus hogares, pero esto no resulta sencillo dadas las actuales medidas de confinamiento. Para otras personas la conexión es temporal y, aunque les permite enviar y recibir correos, no es posible seguir una sesión ¬– imagina que estás tratando de entender a alguien mientras habla y la conexión se corta cada 3 minutos. Más allá del acceso a internet, el idioma y la franja horaria también limitan el acceso a espacios y discusiones virtuales. ¿Hasta qué punto es viable para una persona que habla español y reside en Ecuador participar en una reunión en inglés a las 12pm CET?
La represión se ha endurecido en muchas zonas a raíz del COVID-19 y esto condiciona a su vez el trabajo realizado por las organizaciones de sociedad civil que operan en regiones o contextos de opresión. Estas organizaciones se enfrentan a numerosos riesgos que pueden comprometer la seguridad de información y la seguridad de sus miembros.
¿Cómo podemos afrontar este problema?
Las organizaciones de sociedad civil proponen la puesta en marcha de una serie de medidas para hacer que los procesos y discusiones sean más inclusivos. Entre las principales propuestas, las organizaciones señalan que la elección de la hora de las reuniones ha de garantizar la participación de representantes de la sociedad civil de diferentes regiones del mundo. Para asegurar que no haya limitaciones de idioma, han de garantizarse sesiones con interpretación simultánea y una detallada explicación de cómo acceder a los diferentes idiomas durante la llamada. Si en ciertos casos esto no es posible, será necesario llevar a cabo discusiones y eventos por región. Por ejemplo, para Latinoamérica y el Caribe las reuniones se darían en español y a una hora accesible para todas las personas.
Asimismo, será necesario que se reserve un mínimo de intervenciones para los grupos de sociedad civil, de tal modo que se garantice la inclusión de todas las voces y la pluralidad de visiones. En el caso de que las restricciones horarias supongan un problema para la participación de todas las voces, esto podrá solucionarse con aportaciones escritas. En cuanto a los defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones que desarrollan su labor bajo el control de gobiernos opresores, será necesario poner en marcha mecanismos de participación seguros. Tenemos que garantizar, hasta donde nos sea posible, que nadie pone en peligro su seguridad física o digital, sufre intimidación o represalias por parte de los estados o de agentes no estatales.
Supone claramente un reto lograr que el trabajo de derechos humanos sea inclusivo debido a numerosos factores, pero también es posible y necesario si queremos encontrar soluciones innovadoras que nos ayuden a frenar esta y futuras crisis.