Una receta para el desastre: sistemas de alimentación industrial como respuesta al COVID

Fian Internacional ha lanzado un nuevo informe en el que documenta el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre el derecho a la alimentación de las personas. El informe señala que un importante número de sectores laborales y grupos de población están siendo empujados hacia el hambre y la malnutrición como resultado de las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia, que están centradas en un sistema de alimentación industrial. El informe, lanzado por FIAN Internacional y construido a partir de los datos facilitados por decenas de colaboradores locales y nacionales de todo el mundo, también muestra el impacto positivo de las acciones de solidaridad que han surgido en este mismo contexto. 

Según el informe, las personas que defienden el planteamiento maltusiano de la crisis alimentaria – que se apoya en la relación matemática entre alimentos disponibles (oferta) y necesidades de la población (demanda) – probablemente rechacen la existencia de la actual crisis alimentaria. Pero lo cierto es que este planteamiento no tiene en cuenta el impacto que la crisis del Coronavirus está teniendo sobre el acceso físico y económico, la adecuabilidad y la sostenibilidad de los alimentos. En otras palabras, si bien hay alimentos disponibles, como consecuencia directa de la pandemia muchos grupos de población marginada no pueden acceder a una alimentación suficiente y adecuada.

 “En algunos países, entre ciertos grupos de población y sectores laborales – personas pobres, contra las que existe algún tipo de discriminación y aquellas que trabajan dentro del sistema de alimentación – no existe duda alguna de la existencia de múltiples crisis alimentarias. Las medidas puestas en marcha para atenuar y recuperarse de la pandemia se han apoyado, en muchos casos, en sistemas de alimentación industrial y han hecho caso omiso al papel de los pequeños/as productores/as y de los sistemas de alimentación local. Este enfoque no hace sino empujar aún más a estos grupos hacia el hambre y la malnutrición”, ha dicho Ana María Suárez-Franco, representante permanente de FIAN Internacional en la ONU.

Entre sus principales conclusiones, el informe destaca:

• El aumento y la desregulación del precio de los alimentos, que en algunos casos ha llegado a triplicarse o cuadriplicarse, está haciendo la comida inaccesible a muchas personas. Esto sucede como resultado de una especulación en la que la volatilidad de los precios afecta a países como Argentina, Ecuador, Uganda, Sudáfrica, Francia y El Salvador.
• Con el cierre de los mercados locales, cientos de cultivos y ganadería se han perdido y sacrificado respectivamente en Ecuador, Colombia, Zimbabue, Senegal, Mozambique y Estados Unidos. Como consecuencia, miles de pequeños/as productores/as han perdido su fuente de ingresos y millones de personas no tienen acceso a alimentos frescos, diversos y saludables.
• Al dar prioridad a los supermercados frente a los mercados locales, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Ecuador, entre muchos otros, favorecen el consumo de alimentos agroindustriales y ultra procesados. Las dietas basadas en este tipo de productos aumentan las posibilidades de sufrir malnutrición y debilitan la capacidad del sistema inmunitario para luchar contra las enfermedades.
• Durante la pandemia, los lobbies empresariales han aumentado su poder, así como las actividades empresariales más perjudiciales para el medio ambiente y los derechos humanos, mientras que los gobiernos han suavizado sus políticas medioambientales. Se han identificado casos concretos de esto en Estados Unidos, China, Camboya, Filipinas, Colombia, Bolivia y Sudáfrica que van más allá de sus fronteras.
• Las mujeres sufren de un modo desproporcionado las consecuencias del COVID-19. Como consecuencia de las medidas de confinamiento, las mujeres están ahora más expuestas que nunca a la violencia doméstica, además de perder sus trabajos, tanto en el sector formal como en el informal, y ver cómo aumenta la carga de trabajo no remunerado de cuidado del hogar. En muchos países, las comidas escolares son el único alimento con el que cuentan familias enteras y son las mujeres quienes sacrifican su parte por el resto de la familia, repercutiendo directamente en su DHANA.
• El impacto de la pandemia se ha exacerbado sobre las comunidades de color  como consecuencia del arraigado racismo estructural. Así, estas comunidades registran un mayor número de hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19, sufren un mayor riesgo de contagio y han sido las más afectadas por la pandemia en sus empleos.
• La falta de asistencia y apoyo a las comunidades indígenas ha desencadenado en una elevada tasa de muertes, sobre todo entre las personas más mayores de las comunidades, portadoras de a sabiduría, el idioma y el conocimiento de las naciones de los pueblos indígenas.
•  Las personas que trabajan en el sector de la alimentación, tanto las que lo hacen en la producción industrial de carne en Europa y Estados Unidos, las que trabajan de forma temporal en la cosecha agrícola en Alemania, los/as vendedores/as ambulantes en Sudáfrica y las comunidades pesqueras en India, todos y todas ellos y ellas están, a menudo, más expuestos/as al contagio y desarrollan su labor en condiciones de trabajo precarias y de hambre.

En este contexto, en el que las repentinas medidas de confinamiento han perturbado el abastecimiento de alimentos, también han surgido diversas acciones de solidaridad tanto en zonas rurales como urbanas. España, Brasil, Sudáfrica y Colombia son ejemplos de lugares donde las comunidades locales y los movimientos sociales de han movilizado para garantizar que la población pueda acceder a los alimentos.

 “Aunque garantizar el derecho a la alimentación de la población es responsabilidad de los gobiernos, las acciones de solidaridad han sido clave durante la pandemia. Quién sabe cuántas familias habría podido salir adelante sin el apoyo de estas redes de solidaridad”, ha dicho Suárez-Franco.

De hecho, muchas de las ideas innovadoras de estos movimientos de solidaridad se han ganado el reconocimiento y apoyo de gobiernos locales y nacionales.

 “Los pequeños/as productores/as han encontrado el modo más adecuado de hacer llegar a la población alimentos saludables en mercados al aire libre, a través de la venta directa y por medio de otros canales de distribución. Junto a los consumidores y consumidoras, los productores y productoras han organizado plataformas para establecer nuevas cadenas territoriales rurales y periurbanas para la distribución de alimentos. Además de apoyar estas iniciativas de solidaridad, es necesario que los gobiernos den un paso más hacia la transformación de nuestros sistemas de alimentación: no sólo es imprescindible para salir de la actual pandemia, también es crucial para evitar el impacto de posibles futuras pandemias. El tiempo pasa y se necesitan medidas urgentes”, ha añadido Suárez-Franco.

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